A través de una declaración emitida por el relator Frank La Rue, parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se condenó desde ese año a los países que filtren o bloqueen contenidos en Internet, ya que se consideró que los individuos deben ejercer su derecho a opinar, a expresarse y a disentir. Internet es una herramienta que impulsa el progreso social: "Asegurar el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos", mencionó La Rue al dar a conocer esta declaración. 

No se trata sólo de garantizar el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones (Internet), sino al contenido (web); es una extensión del derecho al conocimiento. En este sentido, la invitación a los diferentes Estados favorece el uso de la red y los insta a llevar a cabo acciones como vigilar los precios de las tarifas de acceso y mantener la neutralidad. Estas tares son las más difíciles, pues no sólo involucra a los intereses políticos, sino de otros actores como las industrias y las transnacionales. 

La ONU también pidió que los países cuenten con un marco legal regulatorio para tipificar y sancionar los delitos en Internet. Esta petición se dio en el contexto de los múltiples ataques que recibieron entidades como Sony por parte de grupos de hackers. Éste es el punto más cuestionable de la declaración, pues si bien se defiende a ultranza el derecho de información a través de Internet, quedan severas dudas sobre cómo actuar en caso de protesta o desobediencia civil.