“La verdad incómoda en la Argentina es que la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los hijos de la clase media alta”, dijo el presidente Javier Milei en su confrontación con la comunidad universitaria, que viene escalando en el marco del reclamo por mayor financiamiento. Las palabras del jefe de Estado ahondaron en un debate que, para ser serio, necesita datos concretos. Si no, existe el peligro de que frases sueltas sean utilizadas luego para generar desinformación. Alcanza con una visita a la Encuesta Permanente de Hogares que releva el Indec.

Pero primero pongamos en contexto las palabras que el primer mandatario pronunció durante el acto en el que el exCCK, ahora renombrado como Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. El cruce con las universidades viene desde abril, cuando el Gobierno tuvo que reasignar partidas con un presupuesto reconducido para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio nacionales. Desde ese momento, el Presidente ha apuntado contra los presuntos “curros” de quienes tienen poder dentro de los campus del país. Recientemente, Milei vetó (y la Cámara de Diputados ratificó el veto) la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba actualizar los salarios del personal docente y no docente.    

Desde ese momento, con masivas movilizaciones en las calles, la relación entre el Gobierno nacional ha estado en tensión constante con las universidades y con los diferentes gremios universitarios. Incluso, mientras se define la pauta de gastos para 2025, el plan de lucha ha incluido innumerables tomas y manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. 

En este marco, los dichos de Milei aludiendo a que la universidad pública solo le termina sirviendo “a los hijos de la clase alta” parecieran ser más que una simple provocación discursiva. 

“Lo primero que hay que decir es que eso es una mentira y que se puede refrendar con datos”, dijo a Unidiversidad Gabriel Liceaga, director de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, quien agregó: “Es un argumento recurrente en favor del arancelamiento de la Universidad”. 

Para Liceaga, una de las claves a destacar para revelar la mentira es que “actualmente hay más de un 50 % de la población bajo la línea de pobreza. En el primer semestre 2024 dio un 53 % de la población total bajo la línea de pobreza. Entre los estudiantes de la universidad pública, un 48 % está bajo la línea de pobreza. Evidentemente, no es como lo dice Milei. Y si ese porcentaje se amplía a sectores de clases medias bajas, llega alrededor del 66 %. O sea, la gran mayoría de los estudiantes universitarios están en sectores populares o abajo de la línea de pobreza”. 

El especialista, que terminó las carreas de Sociología y de Filosofía en la UNCUYO, se sumó al conflicto acerca de que los sueldos del personal docente y no docente han perdido contra la inflación, en promedio, un 30 % este año. "Hay un retorcimiento de los datos y de la estadística pública”, sostuvo y luego subrayó: “Es muy fácil desmentir las afirmaciones del Presidente, alcanza con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que son los propios instrumentos estadísticos que el Estado genera. El 2023 terminó con un 42 %, aproximadamente, de la población bajo la línea de pobreza y para julio del 2024 alcanzó un 53 %. Si siguen empobreciendo a la población, va a haber más estudiantes pobres”. 

Cuestión de fondo 

A 10 meses de la asunción de Javier Milei al mando del Gobierno, su virulencia verbal ya no sorprende. Sin embargo, no deja de ofender. De alguna manera, para matizar sus dichos, el pasado 9 de octubre, el mandatario posteó en X (Twitter), su red social favorita, una frase aclaratoria. Dijo: “Dime cuánto te ocupas de las formas por sobre el contenido y te diré todo lo mediocre que eres...”. 

Entonces, le preguntamos a Liceaga qué observa más allá de las formas, qué hay en el fondo cuando arremete de esa manera contra las universidades.  

“Lo que está en el fondo, para mí, no tiene que ver con sacar mal las cuentas. Lo que está de fondo, en primer lugar, es que, de la totalidad de estudiantes universitarios en el país, el porcentaje en las universidades públicas es del 80 %. Creo que aquí, el Gobierno y los sectores a los que responde están viendo un negocio. Están pensando en que ese 80 % podría perfectamente, desde su mirada, ser un cliente y no ser sujeto de derechos. Me parece que tiene que ver con que el modelo de país que están proyectando y que están intentando construir”, comentó. 

Asimismo, el sociólogo argumentó que las universidades, en mayor o menor medida, "son ámbitos de construcción de ciudadanía crítica y ámbitos en los que hay cierto grado de heterogeneidad social. Entonces, si hay 48 % de estudiantes bajo la línea de pobreza, hay otro 52% que no. Y las realidades sociales suelen ser diversas y me parece que, en la visión jerárquica y clasista que tiene el Gobierno, no es atractiva esa universidad cultural y socialmente heterogénea”. 

Y por último, el especialista observó que desde el Ejecutivo nacional se apunta al “debilitamiento del Estado como generador de política definidas colectiva y democráticamente”, ve que el Gobierno prefiere políticas definidas “en ámbitos cada vez más elitistas, cada vez más excluyentes, cada vez más exentos de participación popular”. 

Para sintetizar su pensamiento sobre qué hay de fondo en estos ataques de Milei, Liceaga afirmó: “Es por sus virtudes que el Gobierno nacional ataca a las universidades públicas, no por sus defectos. Es por lo que tiene de accesible y de inclusiva, no por todos los límites y obstáculos que presenta a los sectores populares, que también los tiene y que tenemos que transformar”. 

Primera generación 

“La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma”, dijo también el primer mandatario el día que rebautizó como “Palacio Libertad” al exCCK (antigua sede del Correo Central). 

Esta aseveración también es falsa. Si hacemos foco en la UNCUYO y tomamos los datos del Censo Académico de Estudiantes realizado en 2022 (en 2025 tendrá su segunda edición), surge la siguiente información: “El 62,4 % de los y las estudiantes pertenece a la primera generación de su familia en asistir a la universidad”. 

Acá podés acceder al documento completo del Censo Académico de Estudiantes 2022.

Auditar es la cuestión 

Más de una vez, tanto Milei como las y los referentes del Ejecutivo nacional han remarcado que hay que auditar a las universidades públicas, alegando que los diferentes rectorados buscan ocultar el manejo del presupuesto asignado. Una vez más, esta afirmación dista de la realidad, en particular de la UNCUYO. 

En concreto, la Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales estatales deben ser controladas, por un lado, por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y que hace las auditorías externas. En paralelo, las casas de estudio deben contar con mecanismos de auditoría interna, que ejecuta la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo que depende del Poder Ejecutivo. 

En el caso de la AGN, funciona con 7 auditores: tres auditores por la Cámara de Diputados y 3 por el Senado. El séptimo auditor preside el organismo y se designa por resolución de las dos cámaras. Actualmente, faltan los miembros designados por el Senado, lo que ha aparejado retrasos y fomentado la polémica. 

En el caso de la AGN, las auditorias son “ex post”, es decir, posterior al ejercicio analizado. En cambio, la Sigen controla de forma “concomitante”, es decir, con la gestión en curso. 

En el caso de la UNCUYO, la AGN la incluyó en su Programa de Acción Anual 2025. Desde abril de 2025 y a marzo de 2026 revisará todas las compras y contrataciones realizadas por la Universidad nacional durante 2024. 

Por el lado de la Sigen, la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional dispuso que junto con la Sigen operen las Unidades de Auditoría Interna (UAI) en cada una de las dependencias de jurisdicción nacional.  

Una de las novedades de estos días es que la Sigen, que había sido limitada en 2022 durante la gestión del Frente de Todos para intervenir en el control de las casas de estudio, fue nuevamente habilitada por el actual procurador Rodolfo Barra. 

Desde la UNCUYO, fue la rectora Esther Sanchez quien salió a aclarar que, más allá de esta reactivación, la universidad mendocina continuó auditando todos los fondos que ingresan, ya que había presentado en 2023 un Plan de Auditoría Bianual, transversal y por etapas, que abarca a todas las dependencias, a todas las unidades académicas. 

“Estamos muy alineados en acompañar este proceso de auditorías internas y externas porque tenemos la convicción de que es necesario rendir cuentas de los fondos que recibimos del Presupuesto nacional”, insistió la rectora. 

Finalmente, Sanchez destacó: “La sociedad tiene que conocer en qué invertimos y cómo hacemos rendir ese dinero en función de nuestra actividad académica pero también de investigación, de extensión, con un fuerte componente de territorialización”.